El Tribunal Tributario y Aduanero rechazó el reclamo de un contribuyente, una empresa,…
Sentencia · Tribunal Tributario y Aduanero · 2016
Resumen
El Tribunal Tributario y Aduanero rechazó el reclamo de un contribuyente, una empresa, contra un acta de denuncia del Servicio de Impuestos Internos por infracción al artículo 97 N°4, inciso segundo, del Código Tributario. Se le imputó haber registrado crédito fiscal de IVA amparado en facturas falsas entre agosto de 2010 y diciembre de 2011. El tribunal consideró acreditada la falsedad de las facturas y su uso para obtener un crédito indebido, configurando la infracción. Aplicó una multa equivalente al 200% del monto defraudado, actualizado a $23.341.374, acogiendo una atenuante a favor del contribuyente. La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Normas citadas
Decreto Ley N° 825
Código Tributario
Resolución Ex. N° 285
Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servicios
Decreto Ley 9
Artículo 97 del Código Tributario
Ley 18.320
Ley N° 19.880
Preguntas frecuentes
¿Constituye infracción tributaria registrar crédito fiscal de IVA amparado en facturas falsas?
En este caso, el Tribunal Tributario y Aduanero consideró acreditada la falsedad de las facturas y su uso para obtener un crédito indebido, configurando la infracción del artículo 97 N°4, inciso segundo, del Código Tributario. El reclamo fue rechazado y la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
¿Qué multa se aplica por defraudar el fisco mediante crédito fiscal de IVA indebido?
En este caso, el tribunal aplicó una multa equivalente al 200% del monto defraudado, actualizado, aunque acogió una atenuante a favor del contribuyente. El monto actualizado de la multa fue fijado en $23.341.374.
¿Puede un contribuyente impugnar un acta de denuncia del Servicio de Impuestos Internos por uso de facturas falsas?
En este caso, la empresa reclamó contra el acta de denuncia del SII, pero el Tribunal Tributario y Aduanero rechazó el reclamo tras estimar acreditado el uso de facturas falsas entre agosto de 2010 y diciembre de 2011. La decisión fue confirmada en segunda instancia por la Corte de Apelaciones de Santiago.
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