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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra l…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado por un particular contra la Universidad de Talca, por la negativa a entregar información sobre exámenes de grado rendidos en la Facultad de Derecho durante el período 2015-2019, tanto en la sede de Santiago como en la de Talca. El Consejo estimó que existían antecedentes para presumir que la información consta en algún soporte o registro y que la universidad está en condiciones de recabarla. En consecuencia, ordenó entregarla en un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. Si alguna información no obra en poder de la universidad, deberá indicarlo expresa y fundadamente al reclamante y al Consejo, conforme a la Instrucción General N° 10. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona pedir a una universidad pública los registros de exámenes de grado de su Facultad de Derecho mediante la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Universidad de Talca por negarse a entregar información sobre exámenes de grado de la Facultad de Derecho, y ordenó entregarla. Estimó que existían antecedentes para presumir que la información consta en algún soporte y que la universidad puede recabarla.

¿Qué debe hacer un organismo si la información solicitada no está en su poder?

El Consejo resolvió que, si alguna información no obra en poder de la universidad, debe indicarlo expresa y fundadamente al reclamante y al Consejo, conforme a la Instrucción General N° 10. Así lo dispuso en este caso.

¿Cuál es el plazo para cumplir una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información y contra qué procede reclamar?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información en un plazo de 20 días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

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