El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa presentado contra una Gobernación Provincial. La persona reclamante manifestaba su molestia porque no había podido obtener una cita para realizar un trámite administrativo. El Consejo concluyó que ese asunto es ajeno a la obligación de mantener información pública disponible en los sitios electrónicos, de modo que no se configuraba una infracción a la Ley de Transparencia ni a su Reglamento. Por ello, declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante para su interposición, ordenó notificar a la reclamante y a la autoridad de la Gobernación, y dejó a salvo la posibilidad de presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Puedo reclamar ante el Consejo para la Transparencia si un organismo público no me da una cita para un trámite?
En este caso, el Consejo para la Transparencia concluyó que la imposibilidad de obtener una cita para un trámite administrativo es ajena a la obligación de transparencia activa, por lo que no configura una infracción a la Ley de Transparencia ni a su Reglamento.
¿Qué ocurre si presento un reclamo de transparencia activa por un asunto que no dice relación con la información pública disponible en los sitios electrónicos?
En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante para su interposición, al estimar que el asunto era ajeno a la obligación de mantener información pública disponible en los sitios electrónicos.
¿Qué vía queda si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible un reclamo por infracción a la transparencia activa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia dejó a salvo la posibilidad de presentar un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente.
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