El Tribunal Constitucional se pronunció sobre una impugnación a un remate judicial basa…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2026
Resumen
El Tribunal Constitucional se pronunció sobre una impugnación a un remate judicial basado en avalúo fiscal, presentada como acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. En la resolución, la Presidenta del Tribunal ordenó dar cuenta del asunto en la Primera Sala y designó a una relatora, invocando las normas constitucionales y legales aplicables. Según la información asociada, la impugnación fue declarada inadmisible, lo que implica que no se cumplieron los requisitos de admisibilidad exigidos por la Constitución y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. La decisión se adoptó sin que consten votos disidentes en el texto de la resolución.
Normas citadas
Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
¿Puede el Tribunal Constitucional revisar un remate judicial basado en avalúo fiscal mediante una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inadmisible la impugnación al remate basado en avalúo fiscal presentada como acción de inaplicabilidad, porque no se cumplieron los requisitos de admisibilidad exigidos por la Constitución y su ley orgánica.
¿Qué pasa cuando una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no cumple los requisitos de admisibilidad ante el Tribunal Constitucional?
Según este documento, el Tribunal la declaró inadmisible, lo que significa que no se avanza al fondo del asunto. La resolución se adoptó sin votos disidentes en el texto.
¿Cómo se tramita internamente en el Tribunal Constitucional una impugnación presentada como acción de inaplicabilidad?
En este caso, la Presidenta del Tribunal ordenó dar cuenta del asunto en la Primera Sala y designó a una relatora para su tramitación, invocando las normas constitucionales y legales aplicables.
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