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La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por una funcionaria que pr…

Sentencia · Corte Suprema · 2023

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por una funcionaria que prestó servicios a honorarios durante 10 años en la Municipalidad de Aysén, contra la decisión de no renovar su contrato para 2023. El tribunal consideró que la medida fue arbitraria e ilegal, vulnerando el principio de confianza legítima y el derecho de propiedad, al no existir una causa justificada para la no renovación tras una relación laboral prolongada. En consecuencia, dejó sin efecto el decreto alcaldicio, ordenó la reincorporación inmediata de la trabajadora, el pago de las remuneraciones adeudadas y la renovación de su contrato por todo el año 2023.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Dictamen N° E173171 de 2022 de la Contraloría General de la República
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Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad dejar de renovar el contrato a honorarios de un funcionario que lleva muchos años prestando servicios?

En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección y sostuvo que no renovar un contrato a honorarios tras una relación laboral prolongada, sin causa justificada, fue arbitrario e ilegal. Por ello, vulneró la confianza legítima y el derecho de propiedad de la trabajadora.

¿Qué efectos tiene que la Corte Suprema declare arbitraria la no renovación de un contrato a honorarios municipal?

La Corte Suprema dejó sin efecto el decreto alcaldicio que no renovaba el contrato. Además, ordenó la reincorporación inmediata de la trabajadora, el pago de las remuneraciones adeudadas y la renovación del contrato por todo el año siguiente.

¿Qué es el principio de confianza legítima en la relación entre la administración y un prestador de servicios a honorarios?

En este caso, la Corte Suprema aplicó el principio de confianza legítima para concluir que la municipalidad no podía poner término a una relación de diez años sin una causa justificada. La decisión se fundó en la Constitución Política de la República y en el Dictamen N° E173171 de la Contraloría General de la República.

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