Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la eliminación de un alumno de la Escuela de Investigaciones Policiales, determinando que la medida se ajustó a derecho. El dictamen señala que la resolución fue firmada por la autoridad facultada para ello, el Director General de la Policía de Investigaciones, y que no constituye una sanción disciplinaria, sino una decisión adoptada en el marco de sus potestades. Respecto a la intervención del Consejo de Disciplina, se indica que, aunque actuó en contravención a la normativa interna, ello no constituyó un vicio esencial que afectara la legalidad de la medida, ya que la decisión final correspondía al Director General. Además, se descarta que exista un precedente vinculante por la aplicación de castigos correctivos en casos similares, pues fueron resueltos por autoridades distintas y en ejercicio de potestades diferentes.