Resumen del criterio jurisprudencial
El tribunal de alzada revocó la decisión del Juzgado de Policía Local y determinó que el banco podía recuperar los fondos restituidos por operaciones electrónicas desconocidas, al estimar que la afectada facilitó a terceros claves y códigos que permitieron ejecutar el fraude, configurándose la presunción legal de culpa grave prevista en la Ley Nº 20.009.