El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 1989
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando que el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 es inaplicable en la gestión pendiente. El tribunal razonó que la exclusión total de ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas, sin considerar el quantum de la pena ni las circunstancias específicas, vulnera los principios de proporcionalidad, igualdad ante la ley y racionalidad (artículos 19 N°s 2 y 3 de la Constitución). Se argumentó que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones restrictivas de derechos orientadas a la reinserción social, y que su exclusión basada únicamente en la naturaleza del delito carece de justificación constitucional, resultando desproporcionada e irracional.
Normas citadas
artículo 1, inciso segundo, de Ley N° 18.216
artículo 17 B, de Ley N° 17.365
artículo 141, inciso tercero, de Código Penal
artículo 141, inciso cuarto, de Código Penal
artículo 141, inciso quinto, de Código Penal
artículo 142, de Código Penal
artículo 361, de Código Penal
artículo 362, de Código Penal
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional excluir de forma absoluta ciertos delitos del beneficio de penas sustitutivas, sin considerar la extensión de la pena?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inaplicable el artículo 1° inciso segundo de la Ley N° 18.216 en la gestión pendiente, porque excluir ciertos delitos del beneficio sin considerar el quantum de la pena ni las circunstancias específicas vulnera la proporcionalidad, la igualdad ante la ley y la racionalidad.
¿Las penas sustitutivas equivalen a impunidad para quien cometió un delito?
No, según este fallo. El tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no implican impunidad, sino sanciones restrictivas de derechos orientadas a la reinserción social.
¿Basta la naturaleza del delito para negar el beneficio de penas sustitutivas?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que excluir el beneficio solo por la naturaleza del delito carece de justificación constitucional y resulta desproporcionado e irracional.
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