El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por u…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un trabajador en contra del artículo 12, inciso primero, de la Ley N° 17.322, que autoriza el arresto del empleador por deudas previsionales. El requirente alegaba que la norma infringía derechos fundamentales al permitir prisión por deuda de forma indefinida. La sentencia se rechazó por no obtener la mayoría requerida constitucionalmente, debido a un empate de votos, quedando sin efecto la suspensión del procedimiento. Se declaró sin costas al requirente por tener motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Artículo 12, inciso primero, Ley N° 17.322
Artículos 1°, 5°, 19 numerales 3, 7 y 26 de la Constitución Política
Artículo 11° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Artículo 7° N° 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 93, inciso primero, numeral 6° de la Constitución Política
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional el arresto del empleador por deudas previsionales según el artículo 12 de la Ley N° 17.322?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 12, inciso primero, de la Ley N° 17.322, que permite el arresto del empleador por deudas previsionales. Sin embargo, el rechazo se produjo por empate de votos y no por mayoría, por lo que la sentencia no resolvió con fuerza de mayoría si la norma es compatible con los derechos fundamentales invocados.
¿Qué pasa si un tribunal aplica una norma que el requirente considera contraria a derechos fundamentales y se pide su inaplicabilidad?
En este caso, el requerimiento de inaplicabilidad fue rechazado porque no se obtuvo la mayoría constitucionalmente requerida, al producirse un empate de votos. Como consecuencia, quedó sin efecto la suspensión del procedimiento en que se aplicaba la norma.
¿Procede el pago de costas a quien pide la inaplicabilidad de una norma y pierde el requerimiento?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que no había costas para el requirente, porque tuvo motivo plausible para litigar. Así, aunque el requerimiento fue rechazado, no se le impuso el pago de costas.
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