Resumen del criterio jurisprudencial
El órgano contralor reconsideró un criterio vigente desde 1991 y resolvió que las multas previstas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil constituyen ingresos fiscales con destino específico, debiendo financiar la asistencia jurídica gratuita que prestan las Corporaciones de Asistencia Judicial como continuadoras legales del antiguo Colegio de Abogados.