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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2018

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290, que obligaba al juez penal a ordenar un año de privación de libertad efectiva en caso de condena. El Tribunal consideró que dicha norma afecta la independencia judicial consagrada en el artículo 76 de la Constitución y el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales, pues el legislador constriñe las atribuciones jurisdiccionales del tribunal penal al impedirle decidir sobre la forma de cumplir la pena. En cuanto al fondo, estableció que la facultad de la Dirección de Vialidad para ordenar traslados de instalaciones en fajas de caminos públicos es una limitación legítima al dominio, justificada en la función social de la propiedad y el interés general, sin constituir privación del mismo.

Normas citadas

  • Constitución Política, artículo 1, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Puede un juez penal estar obligado por ley a ordenar siempre la privación de libertad efectiva al condenar por un delito?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad y consideró que la norma que obligaba al juez penal a ordenar un año de privación de libertad efectiva afecta la independencia judicial, pues le impedía decidir sobre la forma de cumplir la pena.

¿Afecta la independencia judicial que el legislador imponga a los tribunales la forma de cumplir una pena?

Sí, según lo resuelto aquí. El Tribunal sostuvo que el legislador constriñe las atribuciones jurisdiccionales del tribunal penal al impedirle decidir sobre la forma de cumplir la pena, lo que vulnera el artículo 76 de la Constitución y el artículo 12 del Código Orgánico de Tribunales.

¿Es constitucional que la Dirección de Vialidad ordene el traslado de instalaciones ubicadas en fajas de caminos públicos?

En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que esa facultad es una limitación legítima al dominio, justificada en la función social de la propiedad y el interés general, y que no constituye privación del mismo.

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