El Tribunal Constitucional rechazó, por empate de votos, un requerimiento de inaplicabi…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2023
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó, por empate de votos, un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra normas que impiden contratar con el Estado a quienes hayan sido condenados por prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales, y que ordenan remitir la sentencia laboral a la Dirección del Trabajo. Al no obtenerse la mayoría exigida por la Constitución para declarar la inaplicabilidad, se rechazó el requerimiento, se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento y no se condenó en costas por haber tenido la parte requirente motivo plausible para litigar. La decisión se adoptó tras considerar que la aplicación de dichas normas a una empresa del Estado no constituía una discriminación arbitraria, según los votos de quienes estuvieron por rechazar.
Normas citadas
artículo 495, inciso 3, de Código del Trabajo
Tribunal ConstitucionalINACompras públicasDerechos FundamentalesTutela laboralNo Discriminación ArbitrariaPrincipio non bis in ídemDebido Proceso
Preguntas frecuentes
¿El Tribunal Constitucional puede declarar inaplicable la prohibición de contratar con el Estado para quien fue condenado por prácticas antisindicales?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad por empate de votos, por lo que no se alcanzó la mayoría exigida para declarar la inaplicabilidad. Los votos que rechazaron el requerimiento estimaron que aplicar esa prohibición a una empresa del Estado no constituía discriminación arbitraria.
¿Qué pasa con el procedimiento laboral cuando el Tribunal Constitucional rechaza un requerimiento de inaplicabilidad?
En este caso, al rechazarse el requerimiento se dejó sin efecto la suspensión del procedimiento que lo había provocado. Así, el juicio laboral pudo continuar su tramitación.
¿Se condena en costas a quien presenta un requerimiento de inaplicabilidad que es rechazado?
En este caso, el Tribunal Constitucional no condenó en costas a la parte requirente, porque tuvo motivo plausible para litigar. La decisión se adoptó al rechazarse el requerimiento por empate de votos.
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