La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección presentado por un p…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2024
Resumen
La Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de protección presentado por un paciente con atrofia muscular espinal tipo 3, a quien se le negó el suministro del medicamento Risdiplam prescrito por su médico tratante. El tribunal consideró que la decisión de no proporcionar la terapia era arbitraria y amenazaba la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, que protege la vida y la integridad física y psíquica, pues sin el fármaco la enfermedad conduciría a la muerte por colapso respiratorio en un plazo relativamente breve. Se fundamentó en el deber estatal de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de protección y recuperación de la salud, contenido en el DFL N° del Ministerio de Salud, y se ordenó adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio del derecho afectado, disponiendo la gestión del suministro del medicamento.
Normas citadas
Ley N° 2.763
Decreto Ley N° 2.763
D.F.L. N° 1
recurso de protecciónderecho a la vidaintegridad física y psíquicaartículo 19 N°1 Constituciónderecho a la saludAtrofia Muscular EspinalRisdiplamacción arbitraria
Preguntas frecuentes
¿Se puede recurrir de protección para exigir el suministro de un medicamento no otorgado por el sistema de salud?
En este caso, la Corte de Apelaciones acogió un recurso de protección por la negativa de suministrar un medicamento prescrito, al considerar que la decisión era arbitraria y amenazaba la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución.
¿Qué derecho fundamental se ve afectado cuando se niega un tratamiento médico necesario para la vida?
En este caso, el tribunal estimó que la negativa de proporcionar la terapia amenazaba la garantía del artículo 19 N°1 de la Constitución, que protege la vida y la integridad física y psíquica, pues sin el fármaco la enfermedad conduciría a la muerte.
¿Cuál es el deber del Estado frente al acceso a acciones de protección y recuperación de la salud?
En este caso, la Corte se fundamentó en el deber estatal de garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones de protección y recuperación de la salud, contenido en el DFL N° 1 del Ministerio de Salud, y ordenó adoptar las medidas necesarias para asegurar el pleno ejercicio del derecho afectado.
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