Resumen
Ante el Tribunal Constitucional se presentó una acción de inaplicabilidad en la que un alcalde cuestionó la suspensión automática de su cargo tras una sentencia del Tribunal Electoral Regional que acogió un requerimiento en su contra. El requirente alegó que la normativa que permite esa suspensión de pleno derecho, sin regulación sobre su duración ni consecuencias, vulnera el debido proceso y la igualdad ante la ley, y que podría causarle un daño irreparable si la sentencia es revocada en segunda instancia por el Tribunal Calificador de Elecciones. Solicitó que se suspendiera la causa de origen mientras se resuelve la inaplicabilidad y que, de acogerse, no operara la suspensión automática, aplicándose solo las sanciones que resulten de un procedimiento sancionador completo y por sentencia firme. El escrito pide decretar la suspensión del procedimiento ante el Tribunal Electoral Regional.