El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional conoció un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra el artículo 196 ter, inciso primero, de la Ley de Tránsito, que obliga a quien sea condenado por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes causando lesiones graves o muerte a cumplir efectivamente parte de la pena privativa de libertad, suspendiendo la ejecución de una eventual pena sustitutiva por un año. El requirente alegaba que la norma vulneraba la igualdad ante la ley y la proporcionalidad. El Tribunal rechazó el requerimiento y declaró que la disposición no resulta contraria a la Constitución en el caso concreto, pues el legislador puede establecer diferencias razonables en materia de política criminal y el Tribunal no debe sustituir al legislador democrático salvo que se sobrepasen los baremos constitucionales. Se ordenó comunicar, notificar, registrar y archivar.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la Ley de Tránsito exija cumplir efectivamente parte de la pena por conducir en estado de ebriedad causando lesiones graves o muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y declaró que la disposición no resulta contraria a la Constitución, pues el legislador puede establecer diferencias razonables en materia de política criminal.
¿Vulnera la igualdad ante la ley que se suspenda la pena sustitutiva por un año a quien conduce en estado de ebriedad causando lesiones graves o muerte?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que no se vulnera la igualdad ante la ley, ya que el legislador puede establecer diferencias razonables en materia de política criminal sin sobrepasar los baremos constitucionales.
¿Puede el Tribunal Constitucional reemplazar al legislador en materia de política criminal al revisar una norma de la Ley de Tránsito?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró que no debe sustituir al legislador democrático salvo que se sobrepasen los baremos constitucionales, por lo que rechazó el requerimiento de inaplicabilidad.
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