La Contraloría General de la República se abstiene de emitir el pronunciamiento solicit…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2017
Resumen
La Contraloría General de la República se abstiene de emitir el pronunciamiento solicitado por un particular respecto a la aplicación de la letra j) del artículo 1° del decreto ley N° 3.516, de 1980, sobre división de predios rústicos, por parte del Conservador de Bienes Raíces de Casablanca. Ello, debido a que los conservadores de bienes raíces son auxiliares de la administración de justicia y se encuentran bajo la jurisdicción disciplinaria de la Corte de Apelaciones respectiva, de acuerdo al artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales. En consecuencia, la Contraloría carece de competencia para pronunciarse sobre sus actuaciones, ya que sus facultades legales se limitan a los servicios públicos y funcionarios dependientes o relacionados con el Poder Ejecutivo.
Normas citadas
COT art/539
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿La Contraloría General de la República puede pronunciarse sobre las actuaciones de un Conservador de Bienes Raíces?
No, en este caso la Contraloría se abstuvo de pronunciarse porque los conservadores de bienes raíces son auxiliares de la administración de justicia y están bajo la jurisdicción disciplinaria de la Corte de Apelaciones respectiva, según el artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales. Sus facultades se limitan a servicios públicos y funcionarios vinculados al Poder Ejecutivo.
¿Quién ejerce la jurisdicción disciplinaria sobre los conservadores de bienes raíces en Chile?
Según este dictamen, la jurisdicción disciplinaria sobre los conservadores de bienes raíces corresponde a la Corte de Apelaciones respectiva, conforme al artículo 539 del Código Orgánico de Tribunales. Por eso la Contraloría declaró no tener competencia en el caso.
¿Qué pasa si un particular pide a la Contraloría un pronunciamiento sobre la aplicación del decreto ley N° 3.516 por un conservador?
En este caso, la Contraloría no emitió el pronunciamiento solicitado, abstenyéndose por falta de competencia. Sostuvo que sus facultades legales se limitan a los servicios públicos y funcionarios dependientes o relacionados con el Poder Ejecutivo.
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