La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo económico interpuesto…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un recurso de amparo económico interpuesto por dos sociedades comerciales contra la Municipalidad de Las Condes. Las recurrentes alegaban que la autorización municipal de un proyecto de mejoramiento de espacio público, que eliminaba estacionamientos utilizados por sus clientes, vulneraba su derecho a desarrollar actividades económicas (artículo 19 N° 21 de la Constitución). El tribunal consideró que la Municipalidad actuó dentro de sus atribuciones legales, en el marco de un plan de mitigación vial ordenado por la Seremi de Transportes, y que la eliminación de estacionamientos no impedía ni restringía el giro de las empresas, las que mantenían sus patentes vigentes. Por ello, no se configuró la vulneración alegada y se desestimó la acción.
Normas citadas
Artículo único de la Ley N° 18.971 (Amparo Económico)
Artículo 19 N° 21 de la Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes
¿Procede el amparo económico contra una municipalidad que elimina estacionamientos frente a un local comercial en un proyecto de espacio público?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago sostuvo que no, porque la Municipalidad actuó dentro de sus atribuciones legales en un plan de mitigación vial y la eliminación de estacionamientos no impedía ni restringía el giro de las empresas, que mantenían sus patentes vigentes.
¿La eliminación de estacionamientos constituye una vulneración del derecho a desarrollar actividades económicas del artículo 19 N° 21 de la Constitución?
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió que no, al considerar que la medida no impidió ni restringió el giro de las sociedades recurrentes, por lo que no se configuró la vulneración alegada.
¿Puede interponerse un recurso de amparo económico por cambios en la vía pública que afectan la clientela de un negocio?
En este caso, el tribunal desestimó la acción tras constatar que la intervención municipal se enmarcaba en un plan de mitigación vial ordenado por la Seremi de Transportes, sin que se afectara la continuidad del giro comercial.
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