La Corte de Apelaciones rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco, en re…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Corte de Apelaciones rechazó un reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco, en representación del Ministerio de Bienes Nacionales, contra una decisión del Consejo para la Transparencia. El Consejo había ordenado al Ministerio entregar una lista detallada de inmuebles fiscales en desuso o no asignados, en el marco de un amparo por acceso a la información pública. La Corte confirmó la orden, señalando que la negativa del Ministerio no se ajustaba a las causales de reserva legal del artículo 21 de la Ley de Transparencia, pues no se acreditó que la divulgación afectara el orden público o la seguridad nacional. El fallo desestimó el reclamo sin costas.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.175
Ley N° 3.516
Ley N° 19.628
D.L. N° 1.939
Decreto Ley N° 3.516
D.F.L. N° 458
Artículo 21 de la Ley N° 20.285
Ley de TransparenciaLey N° 20.285Derecho de acceso a la información públicaCausales de reservaArtículo 21 N° 1 letra a)Artículo 21 N° 1 letra b)Artículo 21 N° 3Bienes fiscales
Preguntas frecuentes
¿Puede un órgano del Estado negarse a entregar la lista de inmuebles fiscales en desuso invocando reserva de información pública?
En este caso, la Corte de Apelaciones confirmó que el Ministerio de Bienes Nacionales debía entregar la lista, porque su negativa no se ajustó a las causales de reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, al no acreditarse que la divulgación afectara el orden público o la seguridad nacional.
¿Qué pasa si el Fisco reclama contra una decisión del Consejo para la Transparencia que ordena entregar información?
En este caso, la Corte de Apelaciones rechazó el reclamo de ilegalidad presentado por el Fisco contra la decisión del Consejo para la Transparencia, manteniendo la orden de entrega de la información, y no impuso costas.
¿Cuándo procede acoger un amparo por acceso a la información sobre bienes fiscales no asignados?
En este caso, la Corte sostuvo que procede acoger el amparo cuando el órgano no acredita que la divulgación de la información afecte el orden público o la seguridad nacional, como exige el artículo 21 de la Ley de Transparencia.
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