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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2019

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo interpuesto por un particular contra el Servicio Nacional de Aduanas, orden de acceso a información relativa al contenido de las bitácoras de los 90 vehículos que el organismo tenía en su poder. La resolución rechazó el amparo, por unanimidad de sus miembros presentes, al acreditar que la entrega de esa información, en el formato requerido, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, pues distraería indebidamente a sus funcionarios de sus labores regulares. Para fundar la decisión, el Consejo invocó la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que el Estado está al servicio de la persona humana y de la promoción del bien común. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.

Normas citadas

  • DFL 1-19653 2001 - Ley de Bases Generales de la Administración del Estado
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Se puede rechazar una solicitud de transparencia si entregar la información distraería a los funcionarios de sus labores regulares?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo, al acreditar que entregar la información de las bitácoras de los vehículos, en el formato requerido, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del Servicio Nacional de Aduanas, pues distraería indebidamente a sus funcionarios de sus labores regulares.

¿Qué plazo hay para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

Según este documento, contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde su notificación.

¿Qué norma fundamentó el Consejo para la Transparencia al resolver este amparo?

En este caso, el Consejo invocó la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece que el Estado está al servicio de la persona humana y de la promoción del bien común.

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