El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que restringe el acceso a penas sustitutivas de la privación de libertad. La mayoría estimó que la norma vulnera la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el principio de proporcionalidad de las penas, al excluir de forma desproporcionada ciertos delitos sin considerar su gravedad ni la finalidad de reinserción social. No obstante, un ministro disidente consideró que no se verificaban las infracciones alegadas, por lo que estuvo por rechazar el requerimiento. La sentencia fue redactada por el Presidente del Tribunal, con disidencia y prevenciones de otros ministros.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadAfectacion De Los Derechos En Su EsenciaAutoresDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Libertad PersonalDerechos Implicitos
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley excluya de las penas sustitutivas a ciertos delitos sin considerar su gravedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estimó que la norma vulnera la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad de las penas, al excluir de forma desproporcionada ciertos delitos sin considerar su gravedad ni la finalidad de reinserción social.
¿Puede el Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad de una norma que restringe el acceso a penas sustitutivas?
Sí, en este caso el Tribunal acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216, aunque un ministro disidente estuvo por rechazarlo por no verificarse las infracciones alegadas.
¿La exclusión de penas sustitutivas vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional estimó que la norma vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo, junto con la igualdad ante la ley y la proporcionalidad de las penas, mientras que un ministro disidente consideró que dichas infracciones no se configuraban.
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