El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal, que regulan la procedencia de la apelación del Ministerio Público frente a resoluciones que excluyen pruebas. La parte requirente sostenía que dichas normas vulneraban el principio de igualdad ante la ley, al otorgar al ente persecutor una facultad de impugnación no disponible para otros intervinientes. El Tribunal declaró que la aplicación de los preceptos impugnados es compatible con la Constitución en el caso concreto, pues el Ministerio Público y los demás intervinientes se encuentran en situaciones jurídicas distintas, lo que justifica un trato diferenciado. Además, estimó que acoger el requerimiento implicaría pronunciarse sobre materias propias del juez de fondo, excediendo las atribuciones constitucionales de esta magistratura. La sentencia contó con una disidencia y una prevención.
Constitución Política, artículo 79, inciso segundo
Constitución Política, artículo 93, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadArrendamientoContratos En GeneralControl De Constitucionalidad De Proyectos De LeyControl RepresivoCumplimiento De Tratados Internacionales
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que el Ministerio Público pueda apelar la exclusión de pruebas en el proceso penal y otros intervinientes no?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y declaró que la aplicación de los artículos 276 y 277 del Código Procesal Penal es compatible con la Constitución. Sostuvo que el Ministerio Público y los demás intervinientes están en situaciones jurídicas distintas, lo que justifica el trato diferenciado.
¿Cuándo el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre una inaplicabilidad por inconstitucionalidad en materia penal?
En este caso, el Tribunal estimó que acoger el requerimiento implicaría pronunciarse sobre materias propias del juez de fondo, lo que excede sus atribuciones constitucionales. Por ello lo rechazó.
¿Vulnera el principio de igualdad ante la ley la facultad de apelación del Ministerio Público sobre resoluciones que excluyen pruebas?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no se vulnera la igualdad ante la ley, porque el Ministerio Público y los demás intervinientes no se encuentran en la misma situación jurídica. Por eso no consideró arbitrario el trato diferenciado.
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