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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Superintendenc…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2012

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo presentado contra la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por una solicitud de acceso a información sobre los tiempos, costos y funcionarios involucrados en la recolección de antecedentes. El servicio había invocado la causal de distracción indebida para denegar la entrega. El Consejo acogió parcialmente el amparo y descartó esa causal, ordenando al Superintendente entregar al solicitante el nombre o los nombres de los funcionarios que realizaron la búsqueda de la información que se había entregado en cumplimiento de una decisión anterior de amparo. Fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento para verificar la entrega en tiempo y forma. La decisión fue adoptada por la unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoTrabajo

Preguntas frecuentes

¿Puede un servicio público negar información invocando distracción indebida por la búsqueda de antecedentes?

En este caso, el Consejo para la Transparencia descartó la causal de distracción indebida invocada por el servicio para denegar la entrega de información sobre tiempos, costos y funcionarios involucrados en la recolección de antecedentes.

¿Está obligado el servicio a identificar a los funcionarios que realizaron la búsqueda de la información entregada?

En este caso, el Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó al Superintendente entregar el nombre o los nombres de los funcionarios que realizaron la búsqueda de la información que se había entregado en cumplimiento de una decisión anterior de amparo.

¿Qué plazo tiene el servicio para cumplir la orden del Consejo para la Transparencia y qué pasa si no cumple?

En este caso, el Consejo fijó un plazo de cinco días hábiles desde que la resolución quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46 de la Ley de Transparencia, y dispuso que se informe el cumplimiento para verificar la entrega en tiempo y forma.

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