El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 196 ter de la Ley de Tránsito. Respecto del inciso primero, rechazó la impugnación al considerar que la suspensión por un año de las penas sustitutivas para quienes conduzcan en estado de ebriedad es una medida razonable y no desproporcionada, pues no impide acceder a dichas penas, solo las difiere, y busca proteger la vida de terceros. En cuanto al inciso segundo, también rechazó el reproche, estimando que la norma que impide omitir las anotaciones en los certificados de antecedentes para estos casos es una regla especial y objetiva, justificada por el peligro que la actividad de tránsito puede generar, especialmente en conductores profesionales. El tribunal concluyó que las diferencias de trato no vulneran la igualdad ante la ley.
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual
Preguntas frecuentes
¿Es constitucional suspender por un año las penas sustitutivas a quien conduce en estado de ebriedad?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó la impugnación y estimó que la suspensión por un año es una medida razonable y no desproporcionada, porque solo difiere el acceso a las penas sustitutivas y busca proteger la vida de terceros.
¿Puede una norma impedir omitir las anotaciones de antecedentes penales en casos de conducción en estado de ebriedad sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que sí, porque se trata de una regla especial y objetiva, justificada por el peligro que genera la actividad de tránsito, especialmente en conductores profesionales.
¿Las diferencias de trato que establece la Ley de Tránsito para los conductores en estado de ebriedad vulneran la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que las diferencias de trato no vulneran la igualdad ante la ley, al estar justificadas por la protección de la vida de terceros frente a los riesgos de la conducción.
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