La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de un municipio a…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la negativa de un municipio a designar un funcionario como ministro de fe para la constitución de una junta de vecinos, fundada en la existencia de otra organización en la misma unidad vecinal. El organismo concluyó que la conformación de organizaciones comunitarias depende exclusivamente de la voluntad de las personas, siempre que se cumplan los requisitos legales de la ley N° 19.418, sin que el ente edilicio pueda oponerse salvo objeciones por vicios formales. En consecuencia, ordenó al municipio regularizar la situación e informar en un plazo de 30 días hábiles.
Normas citadas
ley 19418 art/7 inc/1
ley 19418 art/37
ley 19418 art/40 inc/1
ley 19418 art/40 inc/3
ley 19418 art/8
CCI art/19
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un municipio negarse a designar un ministro de fe para constituir una junta de vecinos porque ya existe otra organización en la misma unidad vecinal?
No. En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que la conformación de organizaciones comunitarias depende de la voluntad de las personas, siempre que se cumplan los requisitos de la ley N° 19.418, por lo que el municipio no puede oponerse salvo por vicios formales. Ordenó al municipio regularizar la situación.
¿La existencia previa de otra organización vecinal en la misma unidad vecinal impide constituir una nueva junta de vecinos?
Según este dictamen, no basta esa circunstancia para impedirlo. La Contraloría concluyó que la constitución de organizaciones comunitarias queda supeditada a la voluntad de los vecinos y al cumplimiento de los requisitos legales, sin que el ente edilicio pueda invocar la existencia de otra organización como causal de negativa.
¿Qué plazo tiene un municipio para informar a la Contraloría el cumplimiento de un dictamen que ordena regularizar la designación de un ministro de fe?
En este caso, la Contraloría ordenó al municipio regularizar la situación e informar en un plazo de 30 días hábiles. El resumen público no detalla otros aspectos del procedimiento de cumplimiento.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2015
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