Resumen del criterio jurisprudencial
La magistratura determinó que la autoridad administrativa no logró acreditar la necesidad actual de la medida letal, dado que han transcurrido ocho meses desde el último incidente sin nuevos reportes de ataques. El fallo enfatiza que los informes periciales presentados carecen de la actualización requerida para justificar una intervención irreversible contra una especie protegida, ordenando la suspensión inmediata de la autorización de caza.