El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad que impugnaba el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, por restringir la aplicación de penas sustitutivas a la privación de libertad. Se declaró que la norma es inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad ante la ley y el de proporcionalidad de las penas, al generar discriminaciones arbitrarias e imponer penas privativas de libertad desproporcionadas e inidóneas para la reinserción social. Se sostuvo que la privación de libertad debe ser la última ratio y que las penas sustitutivas no son un beneficio, sino sanciones que buscan prevenir la reincidencia. Un voto particular concurrió en acoger el requerimiento, añadiendo que los juicios orales vía remota vulneran el debido proceso por la brecha digital.
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Preguntas frecuentes
¿Es constitucional que la ley impida aplicar penas sustitutivas, como la libertad vigilada o la reclusión nocturna, a quienes cometen ciertos delitos?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el inciso segundo del artículo 1° de la Ley N° 18.216 porque restringía las penas sustitutivas a la privación de libertad, vulnerando la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad de las penas.
¿Las penas sustitutivas son un beneficio que el legislador puede conceder o negar discrecionalmente?
En este caso, el Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no son un beneficio, sino sanciones que buscan prevenir la reincidencia, y que la privación de libertad debe ser la última ratio.
¿Puede un juez de la causa dejar de aplicar una norma legal por considerarla contraria a la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, lo que impide aplicar en la causa concreta el precepto legal impugnado. Un voto particular concurrió en acoger el requerimiento, añadiendo que los juicios orales vía remota vulneran el debido proceso por la brecha digital.
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