Resumen del criterio jurisprudencial
Natali Katherine Ordoñez García, de nacionalidad colombiana, interpuso una acción constitucional de amparo contra el Servicio Nacional de Migraciones por negarse a tramitar su solicitud de residencia temporal, invocando una medida de abandono de 2015 derivada de una condena por tráfico de estupefacientes. La recurrente sostuvo que la medida era ilegal y arbitraria, afectaba su libertad personal y unidad familiar, y que la condena había superado el plazo de 10 años previsto en la ley. El Servicio argumentó que la decisión se basaba en una causal legal imperativa y que el abandono seguía vigente. La Corte de Apelaciones rechazó el amparo, considerando que la actuación del Servicio se ajustaba a derecho, pues la condena por tráfico de drogas impedía legalmente otorgar beneficios migratorios. Además, señaló que el plazo de 10 años se refiere a la prohibición de ingreso, no a los beneficios solicitados. El tribunal concluyó que no existía vulneración a las garantías constitucionales invocadas.