El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentad…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2015
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo de acceso a la información presentado contra el Ministerio de Educación, que buscaba obtener datos personales de alumnos de establecimientos educacionales de una comuna. El Consejo concluyó que concurría la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, vinculada a la protección de la vida privada, y que la entrega de esos datos no procedía. Para fundar su decisión, invocó el artículo 10 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, según el cual los datos sensibles no pueden ser objeto de tratamiento salvo autorización legal, consentimiento del titular o representante legal, o cuando sean necesarios para beneficios de salud. La resolución fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes y puede reclamarse de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEducación
Preguntas frecuentes
¿Procede entregar datos personales de alumnos de establecimientos educacionales mediante una solicitud de acceso a la información pública en Chile?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y concluyó que concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por afectar la vida privada, por lo que la entrega de esos datos no procedía.
¿Qué normas impiden el tratamiento de datos sensibles de alumnos sin autorización en Chile?
Para fundar su decisión, el Consejo invocó el artículo 10 de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, que prohíbe tratar datos sensibles salvo autorización legal, consentimiento del titular o representante legal, o necesidad para beneficios de salud.
¿Cuál es el plazo para reclamar de una resolución del Consejo para la Transparencia que deniega el acceso a información?
La resolución puede reclamarse de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante dentro de 15 días corridos desde su notificación, y fue adoptada por unanimidad de los consejeros presentes.
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