El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento, resolviendo que las pe…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2020
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento, resolviendo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que su imposición está sujeta a requisitos legales específicos. El Tribunal reafirmó la primacía del legislador en política criminal, dentro de los límites constitucionales y de derechos fundamentales. Sostuvo que no existe un derecho subjetivo a penas sustitutivas, pues estas no están garantizadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La exclusión de estas penas para ciertos delitos, como los de control de armas, no constituye discriminación, ya que el legislador puede establecer diferencias razonables fundadas en la protección de bienes jurídicos con mandato constitucional. La proporcionalidad de las penas se consideró compatible con la Constitución, y la eliminación de penas sustitutivas para delitos graves responde a una política criminal legítima de seguridad pública. No se vulneró el principio de igualdad ni el derecho a un procedimiento racional y justo.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerechos ImplicitosIgualdad Ante La LeyIncompatibilidad De ParlamentarioPrincipio De Tipicidad
Preguntas frecuentes
¿Las penas sustitutivas se aplican automáticamente en Chile o requieren cumplir requisitos legales?
En este caso, el Tribunal Constitucional resolvió que las penas sustitutivas no operan automáticamente, sino que su imposición está sujeta a los requisitos que fija la ley.
¿Existe un derecho subjetivo a que se impongan penas sustitutivas a una persona condenada?
En este caso, el Tribunal sostuvo que no existe tal derecho, pues las penas sustitutivas no están garantizadas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
¿Es discriminatorio que la ley excluya las penas sustitutivas para ciertos delitos, como los de control de armas?
En este caso, el Tribunal estimó que la exclusión no constituye discriminación, porque el legislador puede establecer diferencias razonables fundadas en la protección de bienes jurídicos con mandato constitucional, sin vulnerar el principio de igualdad.
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