El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, dec…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, declarando inconstitucional la frase impugnada del artículo transitorio de la Ley N° 20.791 en el caso concreto. El Tribunal consideró que la norma vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas (artículo 19 N° 21) y el derecho de propiedad (artículo 19 N° 24), al paralizar un proyecto inmobiliario con autorizaciones municipales válidas y desconocer derechos adquiridos. Se destacó que la seguridad jurídica y la protección de derechos consolidados limitan la potestad legislativa, y que la aplicación retroactiva de la restricción afectaba el 'ius aedificandi'. Sin embargo, en la parte resolutiva, el Tribunal desestimó el requerimiento, señalando que la aplicación de la tabla de factores en el caso concreto debía ajustarse a la Constitución y la ley, y que los afectados podían recurrir a la vía judicial ordinaria, sin configurarse un conflicto de constitucionalidad.
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadConstitucionalidad De Decreto O Resolución Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La Proteccion De Datos PersonalesDerecho A La Protección De La Vida PrivadaDerecho A La VidaDominio Máximo Legal
Preguntas frecuentes
¿Puede el legislador restringir retroactivamente el derecho a edificar sobre proyectos inmobiliarios que ya cuentan con permisos municipales válidos?
En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la aplicación retroactiva de la restricción afectaba el 'ius aedificandi' y desconocía derechos adquiridos, por lo que consideró que vulneraba el derecho de propiedad y la seguridad jurídica. Sin embargo, en la parte resolutiva desestimó el requerimiento.
¿Se puede pedir la inaplicabilidad de una norma transitoria de la Ley N° 20.791 por afectar actividades económicas lícitas?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que la norma impugnada vulneraba el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas al paralizar un proyecto con autorizaciones válidas. No obstante, desestimó el requerimiento al estimar que la tabla de factores debía aplicarse conforme a la Constitución y la ley.
¿Qué vía tienen los afectados cuando la aplicación de una norma a su caso concreto no genera un conflicto de constitucionalidad?
En este caso, el Tribunal señaló que los afectados podían recurrir a la vía judicial ordinaria, sin que se configurara un conflicto de constitucionalidad. Esta conclusión se alcanzó en la parte resolutiva, pese a las consideraciones previas sobre derechos afectados.
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