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La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por una…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección interpuesto por una médica cirujano contra su destitución disciplinaria dictada por la autoridad sanitaria. La recurrente impugnó la sanción, impuesta tras un sumario administrativo por uso de licencia médica retroactiva, alegando falta de fundamentación y vulneración del debido proceso. El tribunal constató que el fiscal no permitió la práctica de la prueba ofrecida y que la autoridad carecía de competencia técnica para calificar la validez de la licencia. Por ello, anuló las resoluciones que impusieron la destitución y rechazaron la reposición, ordenando que el funcionario competente emita una nueva resolución de término debidamente fundada, dentro de treinta días hábiles, evaluando la factibilidad de recibir la causa a prueba.

Normas citadas

  • Código Civil
  • Artículo 1 del Código Civil
destituciónlicencia médicaprincipio de probidadderechos constitucionalesprocedimiento disciplinarionulidaddesproporcionalidad

Preguntas frecuentes

¿Procede anular la destitución de un funcionario público si no se le permitió rendir la prueba ofrecida en el sumario administrativo?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Santiago constató que el fiscal no permitió la práctica de la prueba ofrecida, lo que vulneró el debido proceso, y anuló las resoluciones que impusieron la destitución.

¿Puede una autoridad sanitaria destituir a un médico por una licencia médica retroactiva si carece de competencia técnica para calificar su validez?

En este caso, la Corte sostuvo que la autoridad carecía de competencia técnica para calificar la validez de la licencia, por lo que la sanción no podía descansar en esa calificación.

¿Qué debe hacer la autoridad cuando un tribunal anula una destitución por falta de fundamentación?

En este caso, la Corte ordenó que el funcionario competente emita una nueva resolución de término debidamente fundada dentro de treinta días hábiles, evaluando la factibilidad de recibir la causa a prueba.

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