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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2026

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Municipalidad de San Rafael, ordenando la entrega de ordenanzas ambientales, procedimientos de denuncias, fiscalizaciones, información sobre inspectores y denuncias. Se consideró que dicha información es de naturaleza pública y el municipio no alegó causales de secreto o reserva que justificaran su denegación. Previo a la entrega, el órgano deberá tarjar los datos personales y sensibles de contexto. La resolución advierte que, de no cumplirse en el plazo establecido, se aplicarán las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, incluyendo multas y posible suspensión del cargo.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.628
  • Oficio N° 32615
  • Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si una municipalidad no entrega información pública que le pide un ciudadano por transparencia activa o pasiva?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió un amparo contra la Municipalidad de San Rafael y ordenó entregar la información requerida, porque el municipio no alegó causales de secreto o reserva. Advirtió que, si no cumple en plazo, se aplicarán las sanciones del artículo 46 de la Ley de Transparencia, incluyendo multas y posible suspensión del cargo.

¿Se pueden entregar datos personales de inspectores o denunciantes que están en documentos públicos municipales?

En este caso, el Consejo ordenó entregar la información, pero dispuso que el órgano debe tarjar previamente los datos personales y sensibles de contexto antes de la entrega. Es decir, la información de naturaleza pública se entrega, protegiendo esos datos.

¿Son públicas las ordenanzas ambientales, los procedimientos de denuncias y los registros de fiscalizaciones de una municipalidad?

En este caso, el Consejo para la Transparencia consideró que ordenanzas ambientales, procedimientos de denuncias y fiscalizaciones son de naturaleza pública. Por eso ordenó su entrega a la Municipalidad de San Rafael, que no había invocado causales de secreto o reserva.

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