Resumen del criterio jurisprudencial
La actora, de nacionalidad venezolana, interpuso un recurso de protección contra el Ministerio del Interior y la Subsecretaría del Interior por la omisión de pronunciarse sobre su solicitud de carta de nacionalización, alegando una demora excesiva que vulnera el principio de celeridad y sus garantías constitucionales de igualdad y libertad de trabajo. El tribunal consideró que la solicitud se encuentra en tramitación conforme a la Ley N°21.325 y que la demora obedece a la alta cantidad de solicitudes, sobrepasando la capacidad de respuesta de los organismos. Asimismo, señaló que acoger el recurso podría vulnerar el principio de igualdad al otorgar un trato preferente. Por lo tanto, no se aprecia un acto ilegal o arbitrario que afecte las garantías invocadas, por lo que se rechazó el recurso sin costas.