La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el propietario de un te…
Sentencia · Corte Suprema · 2025
Resumen
La Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el propietario de un terreno en Temuco, ordenando el desalojo de ocupantes irregulares por vulneración de garantías constitucionales. El fallo instruye a las autoridades a coordinar el cumplimiento de la orden con respeto a la dignidad y legalidad, estableciendo un plazo máximo de treinta días para que Carabineros de Chile ejecute la medida, una vez transcurrido un término de seis meses. Además, se remiten los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes. La decisión se fundamenta en la necesidad de proteger el derecho de propiedad y en la coordinación de las autoridades para prevenir tomas ilegales, reiterando la importancia de la diligencia y prudencia en el proceder de la autoridad.
Normas citadas
Artículo 19 N° 1, 2, 21 y 24 de la Constitución Política de la República
Artículo 20 de la Constitución Política de la República
acción de protecciónocupación ilegal de terrenosdesalojopropiedadusurpacióndebido procesodignidad humanaprincipio de proporcionalidad
Preguntas frecuentes
¿Puede la Corte Suprema ordenar el desalojo de ocupantes irregulares de un terreno mediante un recurso de protección?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección presentado por el propietario y ordenó el desalojo de los ocupantes irregulares por vulneración de garantías constitucionales, fundamentado en la protección del derecho de propiedad.
¿Cómo deben ejecutarse los desalojos ordenados por tribunales cuando se trata de tomas de terrenos?
En este caso, el fallo instruyó a las autoridades a coordinar el cumplimiento con respeto a la dignidad y la legalidad, y fijó un plazo máximo de treinta días para que Carabineros de Chile ejecute la medida, una vez transcurrido un término de seis meses.
¿Qué medidas adicionales puede disponer un tribunal cuando existe una toma ilegal de terrenos?
En este caso, la Corte Suprema remitió los antecedentes al Ministerio Público para los fines pertinentes, y reiteró la importancia de la diligencia y prudencia de la autoridad en el proceder para prevenir tomas ilegales.
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