Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema acogió el recurso de protección interpuesto por una funcionaria del Gobierno Regional de Arica y Parinacota cuya contrata fue terminada anticipadamente. La demandante, periodista desempeñada en la Unidad de Comunicaciones, fue contratada desde 2021 en calidad de contrata. El Gobernador Regional dictó una resolución que puso término anticipado a su contrata alegando falta de confianza. La Corte determinó que el cargo de asesora comunicacional no constituye un cargo de exclusiva confianza, por lo que la terminación fue ilegal. Se ordenó dejar sin efecto la resolución de término y que la contrata riga hasta su vencimiento natural el 31 de marzo de 2025, con pago de remuneraciones devengadas.