Resumen del criterio jurisprudencial
Rosalba González Julio, ciudadana colombiana, ingresó irregularmente a Chile en 2023 y tuvo un hijo chileno en 2024. En 2025 realizó una declaración voluntaria de ingreso y fue notificada de un procedimiento de expulsión. El Servicio Nacional de Migraciones dictó resolución de expulsión y prohibición de ingreso por cinco años, basada en el ingreso irregular. La recurrente alegó que se afectaba la unidad familiar y el interés superior del niño, y que no se ponderaron circunstancias como su maternidad y falta de antecedentes. La Corte rechazó la reclamación, señalando que el acto administrativo se ajustó a la legalidad y que no correspondía revisar méritos ni considerar antecedentes no incorporados en el procedimiento administrativo.