El Tribunal Constitucional ejerció control de constitucionalidad sobre el proyecto de l…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2003
Resumen
El Tribunal Constitucional ejerció control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley de financiamiento urbano compartido, examinando normas relativas a comisiones conciliadoras, tribunales arbitrales, atribuciones municipales y participación del Concejo. Declaró la constitucionalidad de las disposiciones analizadas. Sin embargo, el ministro V.S. previno que debió conocerse de oficio ciertos artículos por versar sobre materias propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, señalando que algunos requerían acuerdo del Concejo o debían regularse en dicha ley orgánica, como los artículos sobre licitaciones y atribuciones municipales. El tribunal ordenó devolver el proyecto al Senado.
Normas citadas
artículo 77, inciso primero
artículo 77, inciso segundo
Tribunal ConstitucionalCPRLey Orgánica Constitucional de organización y atribuciones de los tribunalesjuzgados de letrasCompetencia
Preguntas frecuentes
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley de financiamiento urbano compartido en control de constitucionalidad?
En este caso, el Tribunal Constitucional declaró la constitucionalidad de las disposiciones analizadas del proyecto, relativas a comisiones conciliadoras, tribunales arbitrales, atribuciones municipales y participación del Concejo, y ordenó devolver el proyecto al Senado.
¿Qué sostuvo el ministro que previno sobre materias municipales en un control de constitucionalidad de un proyecto de ley?
En este caso, el ministro que previno señaló que debió conocerse de oficio ciertos artículos por versar sobre materias propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Indicó que algunos requerían acuerdo del Concejo o debían regularse en esa ley orgánica, como los referidos a licitaciones y atribuciones municipales.
¿Qué ocurre si un proyecto de ley toca materias propias de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades?
En este caso, un ministro sostuvo en prevención que ciertos artículos sobre licitaciones y atribuciones municipales debían regularse en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades o requerían acuerdo del Concejo, por lo que el tribunal debió conocerlos de oficio.
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