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El Tribunal Constitucional admitió a tramitación una acción de inaplicabilidad por inco…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional admitió a tramitación una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada en contra de una norma de la Ley General de Bancos. El proveído, dictado por la Presidenta del Tribunal, ordenó dar cuenta del asunto en la Primera Sala y designó a un relator para su conocimiento, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
  • Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Qué ocurre después de presentar una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en Chile?

En este caso, el Tribunal Constitucional admitió a tramitación una acción de inaplicabilidad contra una norma de la Ley General de Bancos. La Presidenta del Tribunal ordenó dar cuenta del asunto a la Primera Sala y designó un relator para su conocimiento.

¿Quién decide si una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad es admitida a tramitación en el Tribunal Constitucional?

En este caso, la admisión a tramitación fue dictada mediante un proveído de la Presidenta del Tribunal Constitucional, conforme a la Constitución y a su Ley Orgánica. Con ello se derivó el asunto a la Primera Sala para su conocimiento.

¿Qué norma de la Ley General de Bancos puede ser cuestionada mediante una acción de inaplicabilidad?

En este caso, el Tribunal Constitucional admitió a tramitación una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada contra una norma de la Ley General de Bancos. El resumen público no identifica el contenido específico de la norma impugnada.

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