Resumen del criterio jurisprudencial
Precisó que la transferencia de responsabilidad penal entre instituciones fusionadas solo puede aplicarse a operaciones realizadas después del 25 de noviembre de 2020. En el caso analizado, las universidades involucradas se habían fusionado antes de esa fecha, lo que impidió imputar responsabilidad penal a la nueva entidad por contaminación por asbesto. La decisión reafirma el principio de previsibilidad y marca un precedente para futuras fusiones entre organismos públicos.