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AdministrativoInadmisible

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra la Sub…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia declaró inadmisible un amparo presentado contra la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, debido a que la solicitud no versaba sobre información pública, sino que requería una autorización para limpiar artes de cultivo con redes antifouling, materia que corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública. El Consejo señaló que el recurrente puede presentar una nueva solicitud de acceso a la información en los términos de la Ley de Transparencia, o bien interponer un nuevo amparo si se cumplen los presupuestos legales.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
  • Reglamento de la Ley de Transparencia
amparoDecisión de inadmisibilidadOtros

Preguntas frecuentes

¿Procede un amparo al derecho de acceso a la información pública si la solicitud en realidad pide una autorización administrativa?

En este caso, el Consejo para la Transparencia declaró inadmisible el amparo porque la solicitud no versaba sobre información pública, sino que requería una autorización para limpiar artes de cultivo con redes antifouling, materia propia del derecho de petición. Por eso no correspondía tramitarlo como amparo de acceso a la información.

¿Qué puede hacer una persona si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible su amparo por no tratarse de información pública?

En este caso, el Consejo señaló que el solicitante puede presentar una nueva solicitud de acceso a la información conforme a la Ley de Transparencia. También puede interponer un nuevo amparo si cumple con los presupuestos legales.

¿Cuál es la diferencia entre el derecho de petición y el derecho de acceso a la información pública ante la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura?

En este caso, el Consejo para la Transparencia sostuvo que pedir una autorización para limpiar artes de cultivo con redes antifouling corresponde al derecho de petición y no al acceso a la información pública. Por lo tanto, esa materia debe canalizarse por la vía del derecho de petición.

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