La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de un…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2020
Resumen
La Contraloría General de la República desestimó la solicitud de reconsideración de un dictamen que establece que las autoridades municipales no pueden bloquear usuarios en sus cuentas personales de redes sociales cuando las utilizan para difundir información oficial del organismo que dirigen. El dictamen señala que si la autoridad opta por usar su cuenta privada para comunicar asuntos relativos al municipio, debe someterse a las mismas reglas de publicidad, transparencia y no discriminación que rigen las cuentas institucionales, por lo que no procede el bloqueo de usuarios. Se aclara que esto no impide que la autoridad no atienda requerimientos irrespetuosos o insultantes, pudiendo recurrir a mecanismos legales en caso de delitos o abusos. Al no aportarse nuevos antecedentes, se mantiene el criterio del dictamen N° 6.696 de 2020.
Normas citadas
POL art/19 num/14
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede un alcalde bloquear a usuarios en su cuenta personal de redes sociales si la usa para informar sobre el municipio?
No. En este caso, la Contraloría sostuvo que si la autoridad usa su cuenta privada para comunicar asuntos municipales, debe cumplir las mismas reglas de publicidad, transparencia y no discriminación que las cuentas institucionales, por lo que no procede bloquear usuarios.
¿Qué puede hacer una autoridad municipal frente a comentarios insultantes o irrespetuosos en sus redes sociales?
En este caso, la Contraloría aclaró que la autoridad no está obligada a atender requerimientos irrespetuosos o insultantes y que puede recurrir a mecanismos legales si se trata de delitos o abusos, sin que ello implique bloquear usuarios.
¿La Contraloría cambió su criterio sobre el bloqueo de usuarios por autoridades en redes sociales?
No. En este caso, al no aportarse nuevos antecedentes en la solicitud de reconsideración, la Contraloría desestimó el recurso y mantuvo el criterio del dictamen N° 6.696 de 2020.
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