Resumen del criterio jurisprudencial
El amparado, de nacionalidad haitiana, solicitó residencia definitiva en Chile, la cual fue rechazada por no presentar certificado de antecedentes penales apostillado y no pagar multa por residencia irregular, ordenándose su abandono del país en 15 días. El recurrente argumentó que la exigencia era imposible de cumplir debido a la crisis institucional en Haití, y que la decisión vulneraba su libertad personal, su arraigo familiar (pareja e hijo chileno) y el interés superior del niño. La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el amparo, considerando que la autoridad administrativa actuó de manera desproporcionada al no ponderar la imposibilidad material de obtener el certificado, el arraigo del amparado y los principios de proporcionalidad y debido proceso. Se dejó sin efecto la resolución impugnada y se ordenó retrotraer el procedimiento, otorgando un plazo no menor a 180 días para subsanar los requisitos. El tribunal destacó la obligación de la Administración de sujetarse a los principios constitucionales y a la protección de la familia y el niño. En consecuencia, se protegió la libertad personal y seguridad individual del afectado.