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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionar…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2016

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria del Servicio de Registro Civil e Identificación que, tras retornar al antiguo régimen de pensiones conforme al artículo 1° de la ley N° 18.255, reclamó el pago de la bonificación del artículo 11 de la ley N° 18.675. El organismo concluyó que la trabajadora tiene derecho a percibir dicha bonificación, incluyendo el pago retroactivo de lo adeudado, siempre que se cumplan los requisitos legales. No obstante, el pago retroactivo está sujeto al plazo de prescripción de seis meses establecido en el artículo 99 de la ley N° 18.834. En consecuencia, se ordenó al servicio regularizar la situación de la funcionaria, considerando dicha prescripción.

Normas citadas

  • ley 18675 art/11
  • ley 18675 art/12
  • ley 18225 art/1
  • ley 18834 art/99
  • ley 18834 art/98 lt/f
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Tiene derecho un funcionario público que retorna al antiguo régimen de pensiones a la bonificación del artículo 11 de la ley 18.675?

En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la funcionaria que retornó al antiguo régimen de pensiones conforme al artículo 1° de la ley 18.255 tiene derecho a percibir la bonificación del artículo 11 de la ley 18.675, siempre que se cumplan los requisitos legales.

¿Prescribe el pago retroactivo de la bonificación del artículo 11 de la ley 18.675 para funcionarios públicos?

En este caso, la Contraloría sostuvo que el pago retroactivo de lo adeudado está sujeto al plazo de prescripción de seis meses del artículo 99 de la ley 18.834, por lo que el servicio debe considerar dicha prescripción al regularizar la situación.

¿Qué debe hacer un servicio público cuando un funcionario reclama el pago de una bonificación adeudada?

En este caso, la Contraloría ordenó al Servicio de Registro Civil e Identificación regularizar la situación de la funcionaria reclamante, considerando la prescripción de seis meses establecida en el artículo 99 de la ley 18.834.

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