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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra la frase de la Ley General de Pesca y Acuicultura que establece que la denuncia formulada por fiscalizadores constituye presunción de haberse cometido la infracción. La requirente argumentaba que dicha presunción vulneraba el derecho al debido proceso y a la defensa. Sin embargo, el Tribunal consideró que la norma no es inconstitucional, pues la presunción legal no impide al imputado ejercer su defensa ni presentar pruebas en contrario, por lo que no afecta las garantías del artículo 19 N°3 de la Constitución. En consecuencia, se rechazó el requerimiento.

Normas citadas

  • Código Civil
  • Ley N° 18.287
  • Ley 18.755
  • Ley N° 18.892
  • Resolución Exenta N° 3357 de 2021
  • Artículo 47 del Código Civil
  • Ley 18.455
  • Ley 18.348
presunción legaldebido procesoderecho a la defensainaplicabilidad por inconstitucionalidadLey General de Pesca y Acuiculturadenuncia administrativapotestad sancionadorainspección administrativa

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional que la denuncia de fiscalizadores en pesca y acuicultura se presuma como constitutiva de infracción?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento y sostuvo que la presunción legal no es inconstitucional, porque no impide al imputado ejercer su defensa ni presentar pruebas en contrario.

¿La presunción legal de la denuncia de fiscalizadores vulnera el debido proceso y el derecho a la defensa?

En este caso, el Tribunal concluyó que no vulnera el debido proceso ni el derecho a la defensa, pues el imputado conserva la posibilidad de presentar pruebas en contrario, por lo que no se afectan las garantías del artículo 19 N°3 de la Constitución.

¿Qué pasa si un tribunal debe aplicar una norma de la Ley General de Pesca que presume infracciones por denuncia de fiscalizadores?

En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad contra esa frase, por lo que la norma sigue vigente y no fue declarada inaplicable para la causa.

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