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La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que deniega la solicitud del Consejo…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 2003

Resumen

La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que deniega la solicitud del Consejo Minero para implementar un sistema especial y opcional de control de asistencia para los trabajadores de las empresas del sector minero. El organismo concluyó que el sistema propuesto, basado en la firma de un registro impreso por parte del trabajador, no se ajusta a los requisitos del artículo 33 del Código del Trabajo ni al Decreto Supremo 969 de 1933, que exigen reportes semanales con el total de horas trabajadas. Además, se determinó que no concurre la condición legal necesaria para autorizar un sistema especial, ya que no existe imposibilidad de aplicar los registros ordinarios ni dificultad de fiscalización, sino solo problemas administrativos internos de las empresas. Por ello, se resolvió que no resulta jurídicamente procedente autorizar el sistema solicitado.

Normas citadas

  • Código del Trabajo
  • Artículo 33 del Código del Trabajo
  • Decreto Supremo 969

Preguntas frecuentes

¿Procede autorizar un sistema especial de control de asistencia basado en firma de registro impreso para trabajadores mineros?

En este caso, la Dirección del Trabajo denegó la solicitud. Sostuvo que el sistema no cumple con el artículo 33 del Código del Trabajo ni con el Decreto Supremo 969, y que no concurre la condición legal para autorizar un sistema especial.

¿Qué requisitos debe cumplir un sistema especial de control de asistencia según el artículo 33 del Código del Trabajo?

En este caso, la Dirección del Trabajo indicó que el sistema debe entregar reportes semanales con el total de horas trabajadas, como exigen el artículo 33 y el Decreto Supremo 969. Un registro impreso firmado por el trabajador no satisfizo esa exigencia.

¿Cuándo es posible autorizar un sistema especial de registro de asistencia en lugar de los registros ordinarios?

En este caso, el organismo concluyó que solo procede cuando existe imposibilidad de aplicar los registros ordinarios o dificultad de fiscalización. Los problemas administrativos internos de las empresas no cumplen esa condición legal.

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