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El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información pública p…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016

Resumen

El Consejo para la Transparencia conoció un amparo de acceso a la información pública presentado contra la Superintendencia de Pensiones, en el que se solicitaban datos sobre las empresas proveedoras de firma electrónica o clave de seguridad utilizadas por las AFP. El Consejo rechazó el amparo por improcedente, tras concluir que lo pedido no constituye una solicitud de acceso a información pública, sino que corresponde al ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución. Además, el organismo señaló que la información requerida no existía en su poder. La decisión fue adoptada por unanimidad de los miembros presentes del Consejo Directivo, y se encomendó notificar al Superintendente de Pensiones y al solicitante. En contra de lo resuelto procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de un plazo de quince días corridos desde la notificación.

Normas citadas

  • Constitución Política de la República
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoEconomía y Finanzas

Preguntas frecuentes

¿Se puede presentar un amparo de acceso a la información pública para pedir datos que en realidad son una petición general?

En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo por improcedente, al concluir que lo solicitado no constituye una solicitud de acceso a información pública, sino el ejercicio del derecho de petición consagrado en la Constitución.

¿Qué ocurre si el organismo requerido no tiene en su poder la información solicitada en un amparo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia señaló que la información requerida no existía en poder de la Superintendencia de Pensiones, lo que también fundamentó el rechazo del amparo.

¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia indicó que en contra de lo resuelto procede un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, dentro de un plazo de quince días corridos desde la notificación.

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