Resumen del criterio jurisprudencial
El reclamante Andrés Pérez Cruz impugnó las resoluciones de la Dirección General de Aguas (DGA) que acogieron parcialmente una denuncia en su contra por realizar labores en el cauce del Estero El Ajial y extraer aguas sin permiso. Alegó que el procedimiento administrativo adolecía de vicios, pues la visita inspectiva se realizó antes de notificarle la denuncia, en ella participó el abogado de los denunciantes (exfuncionario de la DGA) sin su autorización, y la autoridad modificó sus decisiones en tres ocasiones, vulnerando principios de juridicidad, contradictoriedad, imparcialidad, transparencia, razonabilidad y el debido proceso. La Corte Suprema acogió la reclamación, dejando sin efecto las resoluciones impugnadas y retrotrayendo el procedimiento a la etapa de dar debida tramitación a la denuncia, ordenando que intervenga un fiscalizador no inhabilitado. El fallo se fundó en que el procedimiento vulneró la garantía constitucional a un procedimiento racional y justo, así como lo dispuesto en los artículos 17 y 41 de la Ley N° 19.880.