La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de la Dirección G…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la consulta de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) respecto de sus facultades en aeródromos privados. El dictamen concluye que la DGAC está legalmente facultada para autorizar a privados la construcción, instalación, mantención y operación de sistemas de ayuda a la navegación aérea en dichos recintos. Además, se le obliga a ejercer de forma permanente y continua sus potestades de control y fiscalización sobre aeródromos públicos y privados, inspección de aeronaves nacionales y extranjeras, rutas e instalaciones terrestres asociadas, y organización del tránsito aéreo en todo el territorio nacional. La omisión íntegra de tales deberes podría vulnerar las obligaciones de las jefaturas y funcionarios, generando responsabilidades administrativas.
Normas citadas
Ley 16752 art/1
ley 16752 art/3 lt/b
ley 16752 art/3 lt/e
ley 16752 art/3 lt/f
ley 16752 art/3 lt/ñ
DFL 241/60 art/14
DFL 241/60 art/15 num/22
CAE art/11
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿La DGAC puede autorizar a privados a construir y operar sistemas de ayuda a la navegación aérea en aeródromos privados?
Sí. En este caso, la Contraloría General de la República concluyó que la DGAC está legalmente facultada para autorizar a privados la construcción, instalación, mantención y operación de sistemas de ayuda a la navegación aérea en aeródromos privados.
¿La DGAC tiene el deber de fiscalizar aeródromos privados y el tránsito aéreo?
Sí. Según este dictamen, la DGAC debe ejercer de forma permanente y continua sus potestades de control y fiscalización sobre aeródromos públicos y privados, inspección de aeronaves y organización del tránsito aéreo en todo el territorio nacional.
¿Qué responsabilidad administrativa puede generar que la DGAC no ejerza sus funciones de fiscalización aeronáutica?
La Contraloría señaló que la omisión íntegra de esos deberes podría vulnerar las obligaciones de las jefaturas y funcionarios, generando responsabilidades administrativas.
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