El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una víctima querellante en contra de los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, que regulan la facultad del Ministerio Público de cerrar la investigación y no perseverar en el procedimiento por falta de antecedentes. La requirente alegó que dichas normas vulneraban su derecho constitucional a ejercer la acción penal, reconocido en los artículos 19 N° 3 y 83 de la Constitución. La mayoría del Tribunal estimó que las disposiciones impugnadas no resultaban contrarias a la Constitución, por lo que desestimó la acción. La sentencia fue redactada por el Ministro N.P.S., con la disidencia del P.C.L.A., quien consideró que la aplicación de las normas impedía a la víctima acceder a un procedimiento racional y justo, vulnerando el derecho a la acción penal, por lo que debió acogerse el requerimiento.
Normas citadas
Artículo 248, letra c), Código Procesal Penal
Artículo 259, inciso final, Código Procesal Penal
Artículo 19 N° 3, incisos tercero y sexto, Constitución Política
Artículo 83, inciso segundo, Constitución Política
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Preguntas frecuentes
¿Puede una víctima querellante impugnar la facultad del Ministerio Público de cerrar la investigación por falta de antecedentes?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad que cuestionaba los artículos 248, letra c), y 259, inciso final, del Código Procesal Penal, al estimar que no eran contrarios a la Constitución. Hubo una disidencia que sostuvo que su aplicación vulneraba el derecho a la acción penal.
¿El cierre de la investigación por falta de antecedentes vulnera el derecho constitucional a la acción penal?
En este caso, la mayoría del Tribunal Constitucional desestimó que las normas que regulan el cierre de la investigación y el no perseverar por falta de antecedentes afectaran el derecho a la acción penal de la víctima. Un ministro, en cambio, estimó que sí impedían acceder a un procedimiento racional y justo.
¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad de las normas que permiten al fiscal no perseverar en el procedimiento?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad presentado por la víctima querellante, por estimar que las disposiciones impugnadas no resultaban contrarias a la Constitución. La sentencia tuvo una disidencia que habría acogido el requerimiento.
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