El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa interpuesto contra el Servicio Nacional de Migraciones. La reclamante cuestionaba la demora en la tramitación y resolución de su solicitud de permanencia definitiva. El Consejo concluyó que el reclamo no versaba sobre la falta de publicación de la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento exigen mantener en los sitios electrónicos de los órganos de la Administración del Estado, sino sobre la demora en la resolución de una solicitud. Por ello, al carecer de un elemento habilitante, declaró inadmisible el reclamo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Procede reclamar ante el Consejo para la Transparencia por la demora en resolver una solicitud de residencia definitiva?
En este caso, el Consejo declaró inadmisible el reclamo, porque no cuestionaba la falta de publicación de información de transparencia activa, sino la demora en resolver una solicitud. Por eso no contaba con un elemento habilitante para ser tramitado.
¿Qué se puede hacer si el Consejo para la Transparencia declara inadmisible un reclamo de transparencia activa?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de quince días corridos desde la notificación.
¿Qué reclamos por transparencia activa son admisibles contra un organismo de la Administración del Estado?
En este caso, el Consejo sostuvo que el reclamo debe referirse a la falta de publicación de la información que los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento exigen mantener en los sitios electrónicos de los órganos públicos.
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